Manuel María Mallarino presidió a Colombia en el bienio 1855-57. Reemplazó al depuesto general José Maria Melo. Al posesionarse razonó sobre los poderes del Estado en los siguientes términos libremente resumidos. Después de 153 años mantienen plena actualidad.

El gobierno que comienza hoy no administrará los intereses de un partido político, ni concederá a ninguno de ellos protección especial. El honor y la franqueza serán el carácter distintivo de sus procedimientos. Los principios de justicia y legalidad, su invariable regla de conducta. Las conveniencias nacionales el único fin a que se dirijan sus medidas administrativas.

Los poderes del Estado obrarán con la independencia que facilitará el ejercicio del Poder Ejecutivo y disminuirá los motivos del descontento que engendran las posiciones abusivas y violentas. Circunscritas las funciones de los distintos poderes, y obrando cada cual en su terreno con independencia y seguridad, la administración pública se facilitará para el Poder Ejecutivo consagrado con fervor y constancia a fomentar los intereses morales e industriales de la Nación. Lejos está el pensamiento de buscar apoyo y defensa por medio de la fuerza.

El Cuerpo Legislativo es el legítimo representante de la opinión nacional. Es el que positivamente gobierna la república. El Poder Ejecutivo no aspira a que se ensanche la autoridad del Gobierno, pues reconoce que las instituciones le han otorgado el poder suficiente para obrar para el bien, que es la noble misión que debe desempeñar.

Al Poder Ejecutivo sólo le toca ejecutar las leyes y emplear los medios para impulsar los intereses nacionales por lo cual promoverá cuanto le parezca conveniente y sostendrá sus propias ideas por todos los medios constitucionales. Si se adoptan las contrarias, les dará firme y fiel apoyo, como es de su deber.

El Poder Judicial es la garantía de los derechos civiles y políticos del ciudadano. Esa garantía desaparece cuando se viola o debilita su independencia constitucional. El Poder Ejecutivo no influirá, directa ni indirectamente, en las decisiones de los jueces, antes bien les prestará mano fuerte, promoverá su buena organización judicial y procurara dar, en cuanto alcancen sus facultades, importancia y vigor a los tribunales de la república.

El Poder electoral es exclusivo del pueblo, en quien reposa el poder público. El gobierno no tomará parte en las elecciones y procurará el castigo de los funcionarios que violen la libertad electoral. Cualquier agente suyo que cometa esta falta, perderá inmediatamente su confianza. El Gobierno que toma parte en las elecciones, prevaliéndose de su prestigio y de los recursos de la nación falsea y desmoraliza la institución democrática, cuya fuente es la perfecta independencia de los electores, fuente que debe conservarse libre si queremos vivir al abrigo del despotismo y la anarquía.